CDMX, 19 de abril del 2023. El día de hoy, el Consejero Gustavo de Hoyos Walter entregó la presidencia al abogado Luis Asali Harfuch quien asumirá desde el día de hoy el liderazgo del CNLE.
El CNLE se constituyó como Asociación Civil en 2020 bajo una agenda, en la que destacan el reconocimiento y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones y la defensa de la democracia. De Hoyos Walter, fundador del CNLE, ocupó el cargo de Presidente desde septiembre de 2020, periodo durante el cual se impulsaron más de 50 litigios estratégicos de trascendencia nacional.
En la reunión celebrada el día de hoy se expresó, de parte de los Consejeros, el total agradecimiento al Consejero de Hoyos, por su ardua labor como Presidente del Consejo y los logros durante su gestión.
“La labor que hemos realizado durante estos años como Consejo, sin lugar a dudas, ha marcado una pauta en nuestro país. Durante el periodo que asumí la presidencia puedo afirmar que logramos posicionarnos como una Asociación comprometida con nuestra democracia y el respeto al Estado de Derecho, objetivos que nos propusimos desde que creamos el CNLE”, señaló Gustavo de Hoyos.
Por su parte, el abogado Luis Asali Harfuch asumió la presidencia del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, y se comprometió “a continuar con la ardua labor que ha realizado el CNLE, lo cual incluye la presentación de los medios de defensa necesarios para contrarrestar las irregularidades o violaciones a Derechos Humanos que pueden suscitarse por parte de las autoridades y con la defensa a nuestras instituciones, lo cual es vital para el funcionamiento de nuestra democracia. Asimismo, agradeció y reconoció el trabajo realizado bajo el liderazgo del Consejero De Hoyos.
Durante los casi tres primeros años de trabajo del CNLE, se han promovido y apoyado litigios relacionados para la protección de la libertad de expresión, como consecuencia del efecto inhibidor que causan los señalamientos en las conferencias mañaneras. De igual manera, se presentaron diversos medios de defensa a efecto de garantizar el ejercicio del derecho de réplica frente a programas de difusión por parte de funcionarios públicos.
En materia electoral, en conjunto con diversas organizaciones, se promovieron múltiples litigios en contra del llamado “Plan B” que debilita el óptimo funcionamiento del INE; además, se presentaron juicios electorales con el objetivo de salvaguardar la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). También se presentaron amparos en contra de la militarización del país y la separación de la guardia nacional de los mandos castrenses.
La defensa de los derechos a la educación y la salud han sido prioridades, pues se diseñaron estrategias para que las políticas tendentes a afectarlos no fueran aplicables, así como litigios para garantizar el ejercicio de los mismos.
De igual manera, por lo que hace el derecho de acceso a la transparencia, se promovieron amparos en contra de la omisión del Senado en designar a los nuevos Comisionados del INAI, el cual es un órgano constitucional autónomo encargado de salvaguardar nuestros datos personales, además que transparenta la totalidad de acciones del gobierno.
En materia ambiental se impulsaron demandas contra la Termoeléctrica de Tula, por la grave afectación que produce, y se promovieron amparos en contra de la construcción del Tren Maya y Dos bocas, respectivamente, como consecuencia de no contar con los diversos permisos ambientales para realizar una obra de infraestructura.
