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INAI

El INAI llevaba desde el mes de abril de 2022 sin dos comisionados, derivado de la paralización del proceso en el Senado de la República.

En el mes de marzo de 2023 concluiría su nombramiento un comisionado más por lo cual el INAI estaría impedido para trabajar con sólo 4 de 7 Comisionados.

 

El INAI llevaba desde el me de abril de 2022 sin dos comisionados, derivado de la paralización del proceso en el Senado de la República.
En el mes de marzo de 2023 concluiría su nombramiento un comisionado más por lo cual el INAI estaría impedido para trabajar con sólo 4 de 7 Comisionados. Que el Senado nombrara a los Comisionados faltantes desde el mes abril 2022. Se presentó una demanda de amparo solicitando la suspensión para el efecto de que el Senado siguiera con el proceso de selección de los Comisionados.

En un primer momento fue desechada por considerar que se impugnaba un acto soberano; sin embargo el Tribunal Colegiado al resolver un recurso de queja ordenó a la Jueza de Distrito la admisión de la demanda, pues lo impugnado era una facultad reglada. Se logró reconocer el interés de un Consejo Consultivo a efectos de la promoción de demandas cuando el órgano al que se encuentran incorporados no está funcionado en su totalidad.

Se logró a partir de la suspensión obligar al Senado a que siguiera con el proceso de nombramiento de los Comisionados del INAI, lo cual sin lugar a duda es un parteaguas para obligar a las autoridades competentes a realizar los nombramientos necesarios.

Se reconoció que el nombramiento de los Comisionados es una facultad reglada y no discrecional del Senado, por lo cual están obligados a cumplir con ella en tiempo y forma.

Se visibilizó el tema en la sociedad, debido a que dicha omisión existía desde abril de 2022. A partir de la suspensión el tema se puso en el debate público.

Se presentó una demanda de amparo solicitando la suspensión para el efecto de que el Senado siguiera con el proceso de selección de los Comisionados.

En un primer momento fue desechada por considerar que se impugnaba un acto soberano; sin embargo el Tribunal Colegiado al resolver un recurso de queja ordenó a la Jueza de Distrito la admisión de la demanda, pues lo impugnado era una facultad reglada.

Se logró reconocer el interés de un Consejo Consultivo a efectos de la promoción de demandas cuando el órgano al que se encuentran incorporados no está funcionado en su totalidad.

Se logró a partir de la suspensión obligar al Senado a que siguiera con el proceso de nombramiento de los Comisionados del INAI, lo cual sin lugar a duda es un parteaguas para obligar a las autoridades competentes a realizar los nombramientos necesarios.

Se reconoció que el nombramiento de los Comisionados es una facultad reglada y no discrecional del Senado, por lo cual están obligados a cumplir con ella en tiempo y forma.

Se visibilizó el tema en la sociedad, debido a que dicha omisión existía desde abril de 2022. A partir de la suspensión el tema se puso en el debate público.

VIH

En México hubo un gran desabasto de medicamentos para personas con VIH, que requieren precisión y oportunidad en la toma del mismo.

Esto dejo a miles de personas sin acceso a una atención medica oportuna.

Se promovió una demanda de amparo en contra de la omisión del IMSS en brindar medicamentos a personas con VIH, como amparo modelo para ponerlo a disposición de cualquier persona con VIH a la cual no se le estén brindando sus medicamentos para que así pueda exigirlos.

Se presentó la demanda solicitando una suspensión a efecto que las autoridades responsables brindaran los medicamentos al quejoso.

Se concedió la suspensión de plano, por lo que se ordenó de manera inmediata a que las autoridades brindaran los medicamentos necesarios al paciente.

A partir de haber ganado el presente asunto, la demanda se hizo pública a efecto que la sociedad pueda acceder a ella sin que tenga que pagar un abogado. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Las conferencias mañaneras se han convertido en un espacio de presión para periodistas y comunicadores, lo cual inhibe el ejercicio de su actividad.

Demostrar que los ataques producidos en las conferencias mañaneras tienen como consecuencia un efecto inhibidor en los periodistas, debido a que al ser mencionados sufren una serie de amenazas tanto en redes como en su día a día.

Se promovió una demanda de amparo demandando al Ejecutivo Federal y la Coordinadora de Redes,  señalando las afectaciones que produce sus ataques en las conferencias mañaneras hacia la labor de la periodista. Se busca agotar las instancias judiciales a nivel nacional a efecto de en su momento acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la fecha se logró que una Jueza de Distrito en Materia Administrativa señalara que la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica es aplicable a las conferencias mañaneras del Ejecutivo Federal.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El TEEM ordenó la imposición de medidas cautelares en contra de dos periodistas para el efecto de que bajaran sus publicaciones, derivado de una denuncia que supuestamente planteaba violencia política de género.

Establecer un parámetro para que no sea utilizado de manera perversa el argumento de “violencia política en razón de género” con el objetivo de coartar la libertad de expresión de las personas.

Se promovieron dos juicios electorales de dos periodistas que les habían impuesto medidas precautorias debido a que supuestamente sus comentarios constituían violencia política en razón de género. A partir de esto, se hizo un estudio minucioso sobre los parámetros que deben de tenerse en cuenta, para que estas medidas no sean un mecanismo perverso a efecto de coartar la libertad de expresión.

Los dos juicios se ganaron, lo cual sin duda marca un importante precedente a efecto que los partidos políticos no utilicen los instrumentos judiciales en materia de violencia política en razón de género como medio para silenciar a los periodistas que emitan comentarios incómodos hacia sus candidatos.

MADRES BUSCADORAS

Se reformó el Código Penal de Sonora para el efecto de que se castigara a aquellas personas que difundieran fotos sobre occisos.

Esto implicaba que las madres buscadoras que realizan su actividad a partir del intercambio de fotografías tomadas a cuerpos de occisos pudieran estar en riesgo de actualizar una conducta penal.

Visibilizar que la reforma al Código Penal tenía como consecuencia imposibilitar la labor de las madres buscadoras.

Se presentó una demanda de amparo en el Estado de Sonora a través del CNLE, a efecto de impugnar el Decreto, para así lograr una posible reforma o en su caso se declarara inconstitucional.

A partir de la presentación de demanda, el Congreso local presentó una iniciativa a efecto de modificar lo señalado en el Código Penal y quitar la imposibilidad de las Madres Buscadoras en realizar su labor.

IECM

Se reformó la normatividad electoral de la Ciudada de México y se eliminaron diversas facultades que permitían el ejercicio de la autonomía del IECDMX.

Impugnar una reforma emitida por el Congreso local que además de desaparecer áreas fundamentales del IECM limitaba su facultad de organización y su autonomía. Generar un precedente respecto a la autonomía de institutos electorales locales.

Se presentó un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos  ante TECDMX para lograr garantizar la autonomía del IECM y que éste no quedará subordinado al poder legislativo de la CDMX alegando violaciones a derechos políticos electorales. 

Se logró que se señalara que un Congreso local no puede eliminar la facultad de un Instituto Electoral a crear sus áreas, ya que esto afecta su autonomía. Se generó un precedente respecto a la necesidad de una motivación legislativa reforzada cuando se hacen modificaciones sustanciales a la estructura de un Instituto Electoral Local. 

TULA

La Central Termoeléctrica de Tula utiliza combustóleo con niveles de azufre mayores a los permitidos en la normatividad. Esto a causado graves daños en la salud de la población de la zona conurbada y daños al medio ambiente.

El objetivo de la demanda es hacer evidente que el uso de combustóleo de mala calidad y contaminación que supera lo permitido, contraviene el derecho humano al medio ambiente y la salud.

Se presentó la demanda en Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México con el objetivo de demostrar que las afectaciones producidas por la Termoeléctrica de Tula están causando una afectación en Ciudad de México.

Visibilizar el problema de contaminación que está produciendo dicha termoeléctrica lo cual está produciendo afectaciones en la salud de las personas de la Ciudad de México.

Generar precedentes en la adjudicación de responsabilidad de las autoridades gubernamentales en casos similares.

MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Las amenazas, persecuciones y presiones a personas defensoras de derechos humanos han incrementado. En ese sentido, aún cuando existe el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos, este no cumple con eficacia su función de protegerlos.

Lograr que el Mecanismo brinde las medidas de protección a una defensora de derechos humanos, así como que emita Política de reconocimiento de su labor a efecto de evitar que sean los funcionarios públicos sus principales agresores.

Se presentó una demanda de amparo en la Ciudad de México, aun cuando la quejosa estaba en otro estado a efecto de agilizar el procedimiento debido a que las autoridades se encuentran en la Ciudad de México. Se solicitó la suspensión a efecto de que se le realice un nuevo estudio de riesgos, así como se le brindaran las medidas que habían sido otorgadas con un año de anticipación.

Se logró que a partir de la suspensión solicitada las autoridades emitieran el nuevo estudio de riesgos y emitieran las nuevas medidas de protección de acuerdo con el riesgo que atraviesa.

LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Decreto que reformó la Ley General de Comunicación Social (primera parte del Plan B) modificaba las reglas de comunicación social del gobierno federal, permitiendo con ello la difusión de comentarios e ideas que no tuvieran que ver con campañas gubernamentales.

Lograr evitar abusos por parte del gobierno en la forma de operar su comunicación y apegar la comunicación gubernamental a los parámetros previstos en el artículo 134 Constitucional.

Se presentaron diversos amparos a través de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa y protección de derechos humanos; para que se reconozca la inconstitucionalidad del nuevo modelo de comunicación contenido en la reforma.

Pendiente

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las autoridades en materia presupuestaria realizan en el transcurso del año presupuestario, modificaciones discrecionales a las asignaciones realizadas por la Cámara de Diputados para programas sociales. Por ello, se busco acotar la discrecionalidad que tienen diversas autoridades en modificar el presupuesto de programas.

Lograr que se haga la entrega de recursos en los términos que se aprobaron por la Cámara de Diputados.

La presente demanda se planteó con la estrategia de lograr un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del artículo 58 de la LFPRH, en específico sobre las adecuaciones que pueden realizarse una vez aprobado el presupuesto, lo cual ha traído aparejado una afectación en los programas de educación de personas con discapacidad y dos que atienden a las mujeres víctimas de violencia doméstica.  

Pendiente

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

Se publicaron diversas modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, en el cual se hacía distinciones infundadas entre aquellos investigadores que trabajaban en instituciones públicas y aquellos que laboraban en privadas.

Evidenciar que existe un trato discriminatorio respecto a aquellos investigadores que laboran en instituciones privadas frente a las públicas, debido a que se les quita el estímulo económico por el simple hecho de laborar en una institución privada.

Se presentó la demanda a través de una investigadora que labora en una institución privada la cual pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde hace más de 5 años y se ve afectada con la eliminación del estímulo económico.

Se logró que una Jueza de Distrito señalara que la reforma al nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores es discriminatoria al hacer una distinción entre aquellos que laboran en instituciones privadas frente a las públicas, por lo que hace a recibir el estímulo económico.

AMICUS CIDH

El estado mexicano tiene la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos y de establecer medidas eficientes de protección. Sin embargo, eso no se ha cumplido, por le contrario la violencia en contra de defensores se ha incrementado.

Que se obligue al estado mexicano a cumplir con una de las garantías de no repetición señaladas en la sentencia del Caso Digna Ochoa Vs México, esto es emitir una campaña de reconocimiento de la labor de los defensores de derechos humanos.

Se presentó un Amicus curiae, con el objetivo de evidenciar que actualmente el estado mexicano atraviesa una ola de violencia contra los periodistas y defensores de derechos humanos. Lo anterior, tomando en cuenta que, los principales agresores son los funcionarios públicos, por ejemplo, a través de conferencias mañaneras o programas realizados a través de recursos públicos.

Pendiente

PLAN B

Ante la falta de existencia de medios de defensa accesibles para la ciudadanía en contra del denominado Plan B, se realizó una estrategia de litigio que permitiera plantear a través del amparo la violación a derechos humanos, de normas que regulan materias ajenas a la materia electoral, en la que participan autoridades vinculadas con el tema.

Lograr salvaguardar la autonomía del INE y la protección y garantía de diversos derechos humanos.

Se presentaron diversos amparos a través de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa y protección de derechos humanos. A fin de que se reconozca la inconstitucionalidad de las diversas reformas a leyes.

Pendiente