(04/03/25)
La Refinería de Cadereyta opera de manera ilegal y es una de las principales fuentes de contaminación del aire en el Estado de Nuevo León, lo que impacta directamente la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey y vulnera los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en conjunto con Escalada Libre, A.C. y el Comité Ecológico Integral, promovió un juicio de amparo para exigir el cumplimiento de la normativa ambiental y la adopción de medidas efectivas para reducir las emisiones contaminantes generadas por la Refinería.
¿Qué se determinó en la sentencia?
El Juzgado resolvió que la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” opera de forma ilegal y que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA) incumplió su obligación de vigilar el respeto a las disposiciones ambientales. En consecuencia, se ordenó a la ASEA supervisar y garantizar la reducción de emisiones contaminantes, así como el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y del Programa ProAire 2016–2025.
Entre las medidas ordenadas se encuentra la sustitución del combustóleo por gas combustible en calderas y calentadores, la instalación de quemadores de alta eficiencia, la recuperación de al menos el 90 % del azufre generado en los procesos de refinación y el monitoreo constante de la calidad del aire en la zona de influencia de la Refinería.
¿Qué se logra con esta resolución?
La sentencia reconoce que las disposiciones del Programa ProAire 2016–2025 son de cumplimiento obligatorio para toda la industria, pública y privada, en el Estado de Nuevo León. Asimismo, obliga a las autoridades federales a ejercer de manera efectiva sus facultades de inspección, vigilancia y supervisión para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de la población.
¿Qué sigue?
Las autoridades deberán implementar y verificar las medidas ordenadas por el Juzgado, dar seguimiento permanente a las emisiones de la Refinería y transparentar la información sobre la calidad del aire. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones y medidas adicionales conforme a la ley.
