El Presidente y el Congreso de la Unión incumplen con el plazo ordenado en la Constitución
Ciudad de México a 1 de marzo del 2021.- El Poder Judicial de la Federación admitió dos demandas de amparo promovidas en contra de la omisión del Presidente de la República, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, para emitir la ley reglamentaria para realizar el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República en 2022.
Por un lado, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, admitió la demanda interpuesta por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C. Del mismo modo, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, procedió a la admisión de la demanda de amparo que en términos análogos fue promovida por Gustavo Adolfo de Hoyos Walther y Jaleyna de la Peña Molina.
Los Jueces de Distrito referidos, procedieron a requerir al Titular del Ejecutivo Federal y a las Cámaras integrantes del Poder Legislativo Federal, para que informen sobre el incumplimiento de su obligación para emitir las reglas que detallen la forma en que se deberá de llevar a cabo el proceso de Revocación de Mandato.
Acorde a lo determinado por lo jueces federales, los días 11 y 16 de marzo, respectivamente, se llevarán a cabo las Audiencias Constitucionales dentro de los juicios referidos.
El Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas resoluciones de donde se desprende la procedencia del juicio de amparo ante omisiones legislativas como la que hoy se observa sobre la revocación de mandato, por lo que las acciones del CNLE deberán conducir a que se cumpla con la Constitución.
Cabe mencionar, que el 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformó la Constitución Federal en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, estableciéndose en el artículo segundo transitorio, que a más tardar el 17 de junio de 2020 debería de emitirse la legislación reglamentaria respectiva, lo cual no ha ocurrido.
El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha señalado consistentemente su propósito de impulsar el proceso constitucional que, en marzo del 2022, conduzca a determinar legalmente la continuidad o cesación de su encargo. No obstante, el titular del Poder Ejecutivo ha sido omiso en presentar la iniciativa legal ante el Congreso de la Unión que establezca con precisión las reglas a las que habrá de sujetarse el insólito ejercicio. De la misma forma, ningún Grupo Parlamentario del Congreso de la Unión ha anunciado la intención de impulsar el procesamiento de la legislación para el desahogo de la revocación de mandato.
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