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  • Reducir la estructura institucional del #INE, así como sus facultades de vigilancia, podría representar un retroceso, sobre los avances democráticos de las últimas tres décadas.
  • El CNLE confía que el Poder Judicial asuma su rol protector de los Derechos Humanos.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), a través de una demanda de amparo, impugnó la inconstitucionalidad del Decreto por el que se aprobó la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral que modifica, principalmente la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).

Reducir la estructura organizacional del INE, así como sus facultades podría significar un retroceso en materia de transparencia electoral y la democracia misma. Además, desde una posición de ventaja, legisladores y autoridades federales buscan cambiar las reglas del juego electoral.

Con las modificaciones de estructura al INE se afectan derechos y principios constitucionales como el derecho a la identidad; derecho a la protección de datos personales; seguridad jurídica; derecho a la buena administración y derecho a la confianza legítima, entre otros.

En el CNLE confiamos que el Poder Judicial de la Federación va asumir su rol protector de derechos humanos y restaurará el orden democrático que ha sido vulnerado para así evitar un daño irreparable a los derechos humanos de la ciudadanía.